|
De “informante” a
candidato II:
El “reciclaje” radical |
|
por Arnaldo Pérez Guerra
|
| |
 En
la comuna de Casablanca, V Región, el “ex agente” Guillermo Peña
González intenta ser reelegido como concejal del PRSD. Después del
golpe de Estado, Guillermo Peña González bajo órdenes de ex fiscal
naval Enrique Vicente -actual jefe del Consejo de Defensa del Estado
de Valparaíso-, operó en los centros de torturas Academia de Guerra
Naval y Cuartel Silva Palma, adscrito al tristemente célebre “Grupo
Zorro Dos”.
Hoy Guillermo Peña, suboficial (r) de Carabineros, es candidato
radical y funge de superintendente del Cuerpo de Bomberos de
Casablanca. Guillermo Peña está inculpado en procesos por
violaciones de los derechos humanos instruidos en Valparaíso. Su
re-postulación ha causado indignación entre los vecinos de la comuna
y familiares de víctimas de la dictadura. “El ex agente (Guillermo
Peña) fue careado en uno de los procesos con el actual jefe del CDE
de Valparaíso, ex fiscal naval y capitán de corbeta (r) Enrique
Vicente Molina, estableciéndose en ese trámite judicial que Peña
reconoció a Vicente como quien operaba en esos centros de detención
y tortura en los cuales él era agente. Un informe policial en las
causas que investiga la ministra Eliana Quezada, afirma que los
hombres del Grupo Zorro 2 cumplían en la Armada ‘instrucciones del
fiscal naval Enrique Vicente Molina’”, informó recientemente La
Nación.
El caso se suma al denunciado por El Clarín de Fernando
Enrique Moreno Vega, sindicado como “informante de la Oficina” por
sus ex compañeros del FPMR y el Ejército Popular de Liberación (EPL),
uno de sus desgajamientos en los años ‘90. A pocos días de cumplirse
el aniversario 16 de la fuga de los presos políticos de la ex
Penitenciaría, que costó la vida de tres jóvenes militantes del FPMR
-acribillados por gendarmes y carabineros-, ex presos políticos y
familiares se encuentran indignados tras enterarse de la candidatura
a concejal por San Miguel de Moreno Vega, también hoy militante del
PRSD.
Fernando Moreno Vega es acusado por sus ex compañeros de ser quien
“filtró” a los organismos de seguridad los planes de la fuga del 10
de octubre de 1992. Ex presos políticos le acusan de haber sido
“informante de la Oficina y de los servicios de seguridad” y le
atribuyen responsabilidad en los hechos que culminaron con la muerte
de sus compañeros y la recaptura, al borde de la muerte, de dos de
ellos: Patricio Ortiz Montenegro y Pablo Muñoz Hoffman.
Fernando Moreno Vega es actualmente funcionario de la Municipalidad
de San Miguel, donde se ha desempeñado en el Departamento de
Deportes y en la Dirección de Desarrollo Comunitario. Sólo la
alcaldía de San Miguel contestó nuestra solicitud de información
sobre este “ex informante”. El PRSD y el comando por la reelección
del alcalde de San Miguel Julio Palestro (PS) han guardado silencio
en relación a las acusaciones contra Fernando Moreno Vega.
“En cuanto dice relación al señor Fernando Moreno Vega como
funcionario de este municipio, puedo señalar que efectivamente éste
ingresó al escalafón contrata con fecha 1º de febrero de 2007,
siendo destinado a la Dirección de Desarrollo Comunitario para
desempeñarse primero en el Departamento de Deportes de esa
dependencia y luego destinado a cumplir funciones en la citada
Dirección. Cabe señalar que la contratación del señor Moreno se
encuentra totalmente ajustada a derecho, rigiéndose por los
requisitos contenidos en el Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales y estando ratificada su contratación por la
Contraloría General de la República. Actualmente el mencionado
funcionario hace uso de permiso sin goce de remuneraciones por el
período que señala la ley para los funcionarios públicos que
postulan al Concejo Municipal en las próximas Elecciones
Municipales”, nos señaló el alcalde (s) de San Miguel David Sierra
Cisternas. Sobre las acusaciones que pesan sobre Moreno Vega
prefirió no referirse.
El reconocido informante de “la Oficina” Humberto López Candia fue
quien señaló a Fernando Moreno Vega como “informante de la Oficina”.
Fernando Moreno Vega solicitó la “restitución de sus derechos
políticos” al Senado y el Ministerio de Justicia en el año 2003 y,
posteriormente, el 2005, lo que implicaría que fue condenado por
alguno de los hechos de los que le acusó la policía en mayo de 1990,
tras ser detenido junto a Jorge Espínola Robles, acusados de
pertenecer al FPMR, de asaltar la zapatería Calandre, de porte y
tenencia de armas y de ser los autores del homicidio del coronel de
Carabineros Luis Fontaine Manríquez y de lesiones graves a su
acompañante.
En la época en que Fernando Moreno permaneció detenido junto a los
presos políticos en la ex Penitenciaría, el abogado Isidro Solís
Palma, también militante PRSD fue jefe de la División Ejecutiva de
la Secretaría General de la Presidencia y, luego, Director Nacional
de Gendarmería. Posteriormente, Isidro Solís fue designado jefe de
la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones -sucesora de “la
Oficina” o Consejo de Seguridad Pública. En 2006, Isidro Solís fue
nombrado Ministro de Justicia.
Después que el FPMR dio muerte al ideólogo del régimen militar y
senador UDI Jaime Guzmán en abril de 1991, el gobierno creó el
Consejo de Seguridad Pública, encabezado por el socialista -y hoy
diputado- Marcelo Schilling. Meses después de la aparición de “la
Oficina”, se dictó la Ley de Delación Compensada o de
Arrepentimiento Eficaz. Posteriormente, la continuadora de “la
Oficina” pasó a llamarse Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones (DISPI), y fue encabezada por Mario Papi, quien fuera
senador, también militante PRSD.
Las organizaciones revolucionarias fueron el principal blanco de los
organismos de inteligencia y seguridad de los gobiernos
concertacionistas, desatando hacia ellas una represión que incluyó
acciones “selectivas”. En su mira estuvieron los subversivos
adscritos al MIR, el FPMR -y sus desgajamientos- y el MAPU-Lautaro.
Para la “guerra sucia” el gobierno creó “la Oficina”, aumentó la
dotación policial, y ofreció la “delación compensada” a detenidos,
cooptando a ex presos y ex militantes de éstas organizaciones,
además de destinar recursos para el reclutamiento de “informantes” y
“colaboradores” algunos de las filas del PC y el MIR.
“Los hechos, las repercusiones de la Operación Dignidad o fuga de la
ex Penitenciaría, marcada a hierro candente por la traición y el
crimen, siguen estando vigentes… Según la prensa, ya a principios de
septiembre el gobierno había recibido un informe de organismos
policiales sobre la planificación de una fuga, información obtenida
fruto de una traición que no se olvida”, decía el FPMR el 2002, en
su página web, al cumplirse una década de la fuga.
En un comunicado público titulado Por los compañeros asesinados
en la fuga del 10 octubre de 1992. El FPMR ante la candidatura del
soplón Fernando Moreno, que nos hizo llegar el FPMR se señala:
“Estas elecciones municipales no solo son el nicho de las ambiciones
partidistas y las pugnas por la hegemonía en el bloque dominante
como hemos denunciado, sino también un circo putrefacto donde se
suceden las peores representaciones y lo más bajo de la política
actual, agregándose al grueso de las candidaturas más de un
tránsfuga, corrupto o soplón. Una muestra de ello es la postulación
a ‘concejal’ de un delator e informante del otrora Consejo
Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como ‘la Oficina’. Su
nombre es Fernando Enrique Moreno Vega, militante del Partido
Radical Social Demócrata (PRSD), funcionario de la Municipalidad de
San Miguel en su Departamento de Deportes. Moreno Vega es un ex
preso político que al momento de ser detenido el año 1990 no formaba
parte de las filas del FPMR como ha circulado por ahí (al margen que
la policía en su momento lo vinculara con nuestra organización),
responsable en el ‘92 de la filtración de información que permitió a
los aparatos represivos dar muerte a nuestros hermanos Pedro Ortiz
Montenegro, Mauricio Gómez Lira y José Miguel Martínez, los cuales
el 10 de octubre de ese año intentaron junto a otros prisioneros
alcanzar la libertad… Al cumplirse 16 años de estos hechos,
afirmamos que los combatientes Rodriguistas y en general los
revolucionarios, han asumido con dignidad y responsabilidad las
consecuencias y posibles costos de esta lucha, y por principios no
han aceptado ni toleran la colaboración con los enemigos del pueblo
y sus aparatos represivos, triste rol que le tocó jugar a este
sujeto así como otros que ya pagaron por tan vil acto, el cual
reconoció su labor de informante al ser confrontado por los
compañeros presos políticos posteriormente a la fuga, debiendo
Gendarmería aislarlo para su protección por órdenes ‘superiores’...
No es la primera ni será la última vez que gobiernos como éstos
fomenten la traición y la colaboración como estrategia para
desarticular a las organizaciones revolucionarias, es la misma
podredumbre ética y moral que origina la corrupción y las sucias
maniobras, los cuoteos y arreglines de esta clase política,
prácticas que expresan además el carácter de este sistema y modelo
económico decadente. Seguramente la posibilidad de optar a cargos
públicos o de ‘representación popular’ es la recompensa que
personajes como Moreno Vega recibe finalmente de parte de sus pares,
como lo han expresado entre pasillo dirigentes de su propio partido.
Aunque es cierto también que tarde o temprano estos elementos
reciben el castigo que la historia y los pueblos dan a los
traidores, en la calle, pisoteados y hasta negados por sus propios
compinches”.
Según ex presos políticos y familiares que conocieron a Fernando
Moreno mientras estaba detenido en la cárcel de San Miguel y, luego,
en la ex Penitenciaría, su calidad de “informante” se refrendó tras
la fuga y la inusitada rapidez y presencia policial en las afueras
de la penitenciaría la mañana del 10 de octubre de 1992. Según ex
presos políticos “la Oficina” y los aparatos de seguridad sabían de
la fuga gracias al “infiltrado” Moreno Vega en las filas del
colectivo de presos políticos rodriguistas. Otro hecho que
confirmaría lo anterior, es la confesión que hizo el reconocido ex
informante de “la Oficina” Humberto López Candia, quien, en diversas
investigaciones periodísticas, señaló a Fernando Moreno Vega como
“informante”, lo que no fue desmentido.
Según López Candia, personeros de Gendarmería que en 1992
investigaron la fuga habrían confirmado que el Ministerio del
Interior -del cual dependía “la Oficina”- supo con antelación que
los presos políticos planificaban el escape. De acuerdo con su
versión, después del intento de evasión, dos presos políticos
cayeron bajo “sospechas”. Uno de ellos fue el propio Fernando Moreno
Vega, que debía salir con el grupo que se fugaría el 10 de octubre
de 1992, pero, a último minuto, “desistió”. Según ex presos
políticos, algunos días después de la fuga, tras el retorno de los
sobrevivientes Patricio Ortiz Montenegro y Pablo Muñoz Hoffman a la
galería de los presos políticos, Fernando Moreno Vega fue
interrogado por sus compañeros y les habría confesado que era
“informante de la Oficina” y que había “filtrado los planes de
escape a las autoridades”, lo que motivó su golpiza y expulsión del
colectivo.
Según una versión “la violenta reacción obligó a que se le separara
junto al segundo sospechoso… Uno de ellos dijo a los gendarmes que
desde hacía varios años era informante de la DIPOLCAR, entonces
dirigida por el general Sergio Lütjens, quien estaba al tanto de los
planes de escape”, recoge el blog Historia no oficial del FPMR que
acopia profusamente el testimonio del informante Humberto López
Candia.
Seguimos esperando una versión oficial del Partido Radical Social
Demócrata (PRSD) sobre Fernando Enrique Moreno Vega, acusado y
detenido como miembro del FPMR, señalado posteriormente por sus
compañeros como “informante de la Oficina”, y hoy militante radical,
funcionario municipal y candidato a concejal por ese partido.
Foto: El "informante" Fernando Enrique Moreno Vega en la calle 15 de
la ex Penitenciaría, en 1991.
(*) Publicado por El Clarín
www.elclarin.cl
|
|
