Por
Kolectivo Lientur /
21 de enero de 2003
Desde
el resurgimiento de las movilizaciones del pueblo mapuche en la zona
sur de Chile el año 1999, cientos de personas, entre hombres,
mujeres, ancianos e incluso niños, han pasado por las cárceles de la
democracia chilena, acusados de delitos contra el orden público,
usurpación de tierras, sabotajes a empresas transnacionales y, en el
último año, de constituir organizaciones de carácter
"terrorista" que atentan con sus acciones contra el Estado
chileno y la sociedad en su conjunto. Se calcula en no menor de 400 la
cifra de ciudadanos mapuche hoy en día procesados por la justicia
chilena, la mayoría de ellos campesinos que luchan por recuperar
territorios usurpados en el pasado por el Ejército chileno y hoy en
manos de empresas transnacionales forestales y energéticas.
Comunidades
enteras, organizaciones tradicionales de base, lonkos y werkenes (líderes
políticos) están siendo hoy víctimas de un sistema penal
marcadamente racista y persecutorio, el mismo que variados organismos
de defensa de derechos humanos, como Amnistía Internacional
(Inglaterra) y la Federación Internacional de Ligas de Derechos
Humanos (Francia), han denunciado por violar con sus procedimientos
las garantías mínimas del debido proceso y la presunción de
inocencia para los ciudadanos mapuche imputados de la comisión de un
delito. Actualmente, 16 mapuches cumplen condenas en diversos penales
de la VIII y IX regiones del sur de Chile, la mayoría de ellos
acusados de acciones "terroristas" por parte del Ministerio
Público de La Araucanía y son reivindicados por el pueblo mapuche en
su conjunto como "prisioneros políticos".
En
la cárcel de Concepción, se encuentran recluidos los werkenes
(voceros) del pueblo mapuche Víctor Ancalaf Llaupe (condenado por
"atentado terrorista" a 10 años de cárcel), José
Huenchunao Mariñan y Héctor Llaitul Carillanca (ambos imputados por
"asociación ilícita terrorista"); en la cárcel de Lebu el
ciudadano mapuche Juan Carlos Arriagada Fren (acusado de incendio); en
la cárcel de Angol, Juan Antonio Colihuinca Ancaluan, Luis Amable
Catrimil Huenupe, José Osvaldo Cariqueo Saravia, José Francisco
Llanca Ahilla, José Belisario Llanquileo Antileo, Florencio Jaime
Marileo Saravia, Juan Ciriaco Millacheo Lican, Juan Patricio Marileo
Saravia y Patricia Troncoso Robles (acusados de "asociación ilícita
terrorista" y en algunos casos de "incendio"); en la cárcel
de Traiguén, Pascual Pichún Paillalao y Aniceto Norin Catriman
(ambos condenados por "amenaza terrorista" a 5 años de cárcel);
y en la cárcel de Temuko, Mireya Figueroa Araneda (acusada de
"asociación ilícita terrorista" e "incendio").
A
este grupo de personas se suman más de un centenar de mapuches
condenados por la justicia chilena en los últimos tres años y que se
han acogido a beneficios extra-carcelarios, así como también varios
miembros del movimiento mapuche hoy prófugos de la justicia, debido a
la desconfianza que les provocan las actuaciones arbitrarias de los
magistrados y de las propias autoridades de gobierno, que han
privilegiado la aplicación de medidas represivas para desarticular un
conflicto de profundas connotaciones históricas, culturales y políticas.
Haciendo caso omiso del legítimo reclamo mapuche por recuperar sus
derechos políticos y territoriales en la zona sur de Chile, las
autoridades de la Concertación gobiernista han optado por aplicar
severos cuerpos legales, heredados en su mayoría de la dictadura
militar de Augusto Pinochet, para perseguir a los líderes del
movimiento e ilegalizar sus organizaciones.
Emblemático
es el caso de los lonkos (jefes) Pascual Pichún Paillalao y Aniceto
Norin, así como de los werkenes (voceros) Víctor Ancalaf Llaupe y
José Huenchunao Mariñan, todos ellos destacados representantes del
pueblo mapuche y que han sido especialmente perseguidos por las
autoridades bajo la Ley 18.314 que sanciona "Conductas
Terroristas" en Chile desde el año 1984, fecha en que fue creada
por la dictadura militar para perseguir y "aniquilar" a
opositores políticos de izquierda. A continuación, un breve perfil
de cada uno de estos líderes mapuche hoy presos políticos de la
democracia chilena.
Lonkos
Pascual Pichún Paillalao - Aniceto Norin Catriman
Pascual
Pichún Paillalao es lonko de la comunidad Antonio Ñiripil, ubicada
en el sector de Temulemu, comuna de Traiguén e integrada por
alrededor de 100 familias campesinas. Padre de siete hijos, irrumpió
como dirigente mapuche tras liderar la ocupación del Fundo Santa Rosa
de Colpi de la empresa Forestal Transnacional Mininco S.A., en
diciembre del año 1998, reclamando derechos ancestrales sobre dicho
territorio. Junto a otras tres comunidades, Pascual Pichún fue la
cara visible de un prolongado conflicto que desembocó -ante la
negativa de las autoridades a resolver las demandas de las
comunidades- en fuertes enfrentamientos y en la total militarización
de la zona por parte de efectivos de Fuerzas Especiales de
Carabineros.
Tras
dos años de resistencia y cuando las comunidades habían logrado
expulsar a la empresa forestal de la zona, las autoridades y los
tribunales de justicia acusaron al lonko de ser el autor de un
atentado incendiario que, en diciembre de 2001, redujo a escombros la
hacienda patronal de Juan Agustín Figueroa, latifundista vecino de la
comunidad, ex ministro de la Concertación e influyente abogado y
miembro del Tribunal Constitucional de la República. Bajo esta
acusación, Pascual Pichún fue encarcelado durante un año en la
ciudad de Traiguén, siendo posteriormente declarado
"inocente" por la justicia de los cargos de
"terrorismo" que se le imputaban.
Sin
embargo, las presiones ejercidas en la magistratura por Juan Agustin
Figueroa lograron se anulara dicha sentencia, siendo en septiembre del
año 2003 encontrado culpable del delito de "amenaza" tras
la realización de un segundo juicio oral plagado de irregularidades y
que contó incluso con la participación de "testigos sin
rostro" que declararon en contra del dirigente. En este doble
juicio, Pascual Pichún fue condenado a 5 años de cárcel, pena que
se encuentra cumpliendo hoy en día en el Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Traiguén.
Aniceto
Norin Catriman es lonko de la Comunidad Lorenzo Lorin del sector
Didaico, en la comuna de Traiguén. Junto a Pascual Pichún, lideró
la ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi el año 1998, reclamado a
la empresa Forestal Mininco S.A., movilización en la cual resultó
arrestado en varias ocasiones por la policía y condenado más tarde
por la justicia a una pena de 3 años de cárcel por el delito de
"usurpación de tierras". Al igual que el lonko de Temulemu,
Aniceto Norin también fue acusado más tarde de ser uno de los
autores materiales del incendio que afectó en diciembre del año 2001
la hacienda patronal del Fundo Nancahue, así como también de otros
siniestros que afectaron en igual fecha el Fundo San Gregorio ubicado
en el mismo sector.
Por
estas acusaciones, Aniceto Norín permaneció un año completo en
prisión, siendo más tarde declarado inocente por la justicia de
todos los cargos imputados en su contra por los fiscales del
Ministerio Público. Sin embargo, en un segundo juicio oral
desarrollado en su contra, Aniceto Norin fue encontrado culpable de
"amenazas terroristas" en contra de los propietarios de
ambos predios y condenado por los tribunales de la ciudad de Angol a 5
años de cárcel, pena que se encuentra cumpliendo a la fecha en el
Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad de Traiguén.
Cabe
destacar que tanto el lonko Pascual Pichún como Aniceto Norín, se
encuentran gestionando la presentación de sus causas ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA con sede en Washington
DF., debido a los evidentes atropellos a sus derechos de que han sido
víctimas por parte del sistema judicial chileno en los últimos tres
años.
Werkenes
Víctor Ancalaf Llaupe - José Huenchunao Mariñan
Víctor
Ancalaf Llaupe es werken de la Comunidad mapuche Choin Lafkenche,
ubicada en el
sector San Jorge, comuna de Collipulli. Padre de cinco hijos, Ancalaf
se transformó en un reconocido líder mapuche al fundar el año 1998,
junto a otros dirigentes de Arauco y Malleco, la organización mapuche
Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), en la
cual se desempeñó durante dos años como su principal vocero público.
Entre
los años 1998 y 2000, Ancalaf lideró recuperaciones de tierras en
distintas zonas geográficas del Wallmapu, impulsando entre las
comunidades la ocupación efectiva de predios como vía de presionar
al gobierno y a las empresas forestales para su devolución. Producto
de sus acciones políticas, Ancalaf fue encarcelado por las
autoridades en diversas oportunidades, siendo acusado de delitos
contra el orden público y daños a la propiedad privada en reiteradas
ocasiones, sin que se pudieran probar -en muchos de esos casos- tales
cargos por parte de los tribunales de justicia chilenos.
Sin
embargo, el año 2001Víctor Ancalaf permaneció siete meses
encarcelado en la ciudad de Temuco, acusado de "secuestrar"
a un ministro de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad en el marco
de una movilización pacífica tendiente a exigir, por la vía de la
ocupación temporal de un tribunal comunal, la liberación de
numerosos presos políticos mapuche. Una vez recobrada su libertad
provisoria y retirado de su organización, Ancalaf participó
activamente de la defensa del territorio pehuenche amenazado por la
construcción de represas hidroeléctricas en la zona del Alto
Bio-Bio, proyecto impulsado por la transnacional Endesa-España y el
gobierno chileno. Por su apoyo a la resistencia pehuenche, Ancalaf fue
acusado de "atentados terroristas" en contra de Endesa-España
y arrestado en abril del año 2002, permaneciendo desde esa fecha
encarcelado en la ciudad de Concepción. El pasado 2 de enero, el
dirigente fue finalmente condenado por la justicia a 10 años de cárcel
por esta causa.
José
Huenchunao Mariñan es werken de la organización mapuche Coordinadora
de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). Fundador junto a Víctor
Ancalaf de dicha organización autonomista, Huenchunao se destacó
entre los años 1995 y 1999 como un gran organizador de las
comunidades lafkenche de Arauco, territorio donde se emplaza su
comunidad de origen, en las inmediaciones del lago Lleu-Lleu. Tras la
fundación de la CAM, Huenchunao participa activamente de las
movilizaciones mapuche desarrolladas en el sector costero de la
Provincia de Arauco, siendo requerido en varias oportunidades por los
tribunales de justicia bajo infundadas acusaciones de promover desórdenes
públicos y ocupaciones de tierras.
Tras
el alejamiento del werken Víctor Ancalaf de la CAM, Huenchunao asumió
la vocería de dicha organización, rol que desempeñaba al momento de
ser detenido en noviembre de 2002 en un operativo policial
desarrollado en la localidad de Tirúa, tras la ilegalización de la
CAM decretada por los tribunales de justicia de La Araucanía. Desde
esa fecha, José Huenchunao se encuentra recluido en la cárcel El
Manzano de Concepción, acusado de "asociación ilícita
terrorista" por los fiscales del Ministerio Público, además de
estar siendo investigado por varios delitos de incendio ocurridos el año
2001 en la zona del lago Lleu-Lleu y que afectaron al empresario
Osvaldo Carvajal Rondanelli, cuyas propiedades son reivindicadas desde
hace décadas por la comunidad mapuche Pascual Coña.
