El Estado chileno sigue persiguiendo judicialmente a los mapuches, criminalizando una demanda esencialmente política. Detrás de los mapuches detenidos y cientos de procesados hay familias que han debido modificar su vida para sobrevivir. Uno de los casos emblemáticos desde la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal (RPP) es el juicio de los lonko Pascual Pichún y Aniceto Norín. Sus familias han debido afrontar desde problemas sociales relacionados con su "forzada ausencia como jefes de hogar" hasta "trastornos sicológicos" producto de los reiterados allanamientos, persecución y amedrentamientos de las policías.

En lo que ha transcurrido del año, la familia Pichún ha sufrido siete llanamientos por parte de la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros que señalan "buscar" a los hijos de Pascual Pichún que fueron declarados "prófugos de la justicia" por el Tribunal Mixto de Traiguén y "en rebeldía" por el de Temuco. El Tribunal Mixto de Traiguén revocó la libertad provisional de los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao por "no pago" de la indemnización por "daños y prejuicios" en favor del latifundista y ex ministro de gobierno Juan Agustín Figueroa. Lo anterior significó que se dictara una resolución judicial que los condena a permanecer cinco (5) años en prisión. Al momento de enterarse de dicha resolución, los hermanos Pichún optaron por no presentarse al tribunal. Hasta el momento no han sido detenidos.

La comunidad de temulemu y la familia Pichún han sido objeto de un constante cerco policial que, incluso, cuenta con helicópteros policiales, vigilancia permanente, controles de identidad en caminos públicos, operativos de los servicios de inteligencia, etcétera. En una entrevista realizada por el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (UFRO), en las afueras del palacio de los Tribunales de Temuco, la esposa del lonko Pascual Pichún, Flora Collonao, relató la extrema violencia de los allanamientos, mientras se desarrolla el juicio oral en contra de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), y la acusación de "asociación ilícita terrorista" que enfrentan dieciocho mapuches, entre los cuales se encuentra Pascual Pichún y sus hijos Rafael y Pascual Pichún Collonao.

Flora Collonao señaló: "Hicieron de nuevo un allanamiento, el jueves 11 de marzo en la mañana. Ya hemos tenido varios allanamientos. Entran Carabineros, a veces va Investigaciones. El Otro día llegaron otra vez, y despertamos. No alcance a abrir la puerta, y ellos a puras patadas me abrieron la puerta, desarmaron la puerta. Me quebraron el vidrio. Me levante, le hable '¿Qué es lo que pasaba?': 'Andamos buscando a tus hijos, me dijo'. Yo le dije, mis hijos no sé dónde están. Y tanto nos molestan a nosotros, y nosotros no somos terroristas. Me tienen traumada a mi niñita, tiene 9 años. Los niños duermen a saltos: de repente mi niñita cuando está durmiendo despierta asustada. A mi nietecito, cuando vinieron la vez pasada Investigaciones a allanar, lo apuntaban con las armas. Él tiene dos años dos meses. Después salen diciendo que los mapuche son terroristas, pero la misma policía les da el ejemplo de cómo nos tratan, los niñitos chicos así como van conociendo, van sabiendo todas las cosas que pasamos. No nos tratan como gente, como si fuéramos cualquier animal.

Los de Investigaciones me esposaron, me tiraron como animal arriba de la camioneta, estaba sin zapatos. Como siete allanamientos hemos tenido. Nosotros no somos terroristas, si fuéramos terroristas tendríamos armas, pero no tenemos ni una escopeta en la casa, entonces ¿qué es lo que quieren? Ahora mi marido esta preso; lo tienen otra vez en la cárcel. El otro día le dije a la policía que me tenían sin marido, sin hijos. Mis hijos andan lejos de la casa por culpa de ustedes; yo no sé cuanto le paga Juan Agustín Figueroa por venir a molestar y destruir mi casa y mi familia con puras calumnias, con mentiras encarcelaron a mi marido y a mis hijos. Ya no hallamos qué pensar, qué decir. Denunciamos todo esto pero no nos toman en cuenta. Pero entre los ricos se defienden. Nosotros los mapuches no tenemos justicia. Hoy día la justicia no existe para el mapuche. Si yo hubiera tenido una grabadora, el otro día, habría grabado todos los insultos y los malos tratos que nos dan".

Solicitan inhabilitar a jueza

En la segunda audiencia de preparación del juicio oral contra 18 dirigentes y miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), acusados por el gobierno de terrorismo, la defensa solicitó a la magistrada del Tribunal de Garantía, María Isabel Uribe, inhabilitarse por su "falta de imparcialidad" en el proceso. Según la Fiscalía, "la audiencia de preparación de juicio oral no ha podido llevarse a cabo de manera normal y ello se debe al empleo de maniobras dilatorias que han entorpecido su desarrollo". Para el periodista Pedro Cayuqueo, director del periódico Azkintuwe, y de la página web Kolectivo Lientur, "los dichos del vocero judicial de la IX Región, dejan de manifiesto el malestar de los fiscales encargados del caso y que han sido fuertemente criticados en los últimos meses por sostener una acusación basada -según denuncian organismos de derechos humanos- casi exclusivamente en pruebas 'fraudulentas', 'montajes policiales' y 'testigos sin rostro', al mejor estilo de los tribunales del dictador Alberto Fujimori en el Perú de los años noventa".

Recordemos que la jueza María Isabel Uribe fue quien autorizó -en diciembre de 2002-, la intervención del teléfono móvil del abogado defensor Pablo Ortega, acción declarada más tarde como "irregular" por la propia Corte de Apelaciones. La intervención de teléfonos es permitida por la Ley Antiterrorista (Ley 18.314), promulgada bajo la dictadura de Pinochet. Dicha normativa sólo puede ser invocada por el gobierno. El objetivo del gobierno de Ricardo Lagos y de los tribunales chilenos es perseguir a los mapuches de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) como "miembros de una organización terrorista".

Según el propio abogado del ministerio público, Claudio Pavlic, "la presentación de 44 testigos con carácter de 'secreto' trastoca absolutamente el carácter excepcional que tiene esa normativa". La solicitud de inhabilitación de la jueza fue presentada por familiares de los 18 prisioneros políticos mapuches imputados. La petición fue entregada al presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Víctor Reyes. Precisamente, uno de los argumentos para solicitar su inhabilitación es que la jueza se ha negado a dar a conocer la identidad de los 44 "testigos sin rostro", lo que impide a los abogados de los mapuches plantear una defensa adecuada.

"Considerando que no existen garantías para un juicio justo desde ningún punto de vista, puesto que la justicia chilena está totalmente coludida con los grandes grupos económicos que han criminalizado nuestras justas demandas como pueblo mapuche, pues han visto afectados sus intereses, es que realizamos esta petición sólo con el mero objetivo de denuncia", declararon familiares de los mapuches.