Por Pedro Cayuqueo / Periódico Azkintuwe

Lentamente, la situación del Pueblo Mapuche comienza a ganar espacios en la comunidad internacional. Así lo demuestra el reciente viaje de dirigentes mapuche a Ginebra, Suiza, para participar del 60 Periodo de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Encabezando esta delegación se encontraba el dirigente Aukan Huilkaman, del Consejo de Todas las Tierras, organización que posee una vasta trayectoria en tareas de denuncia a nivel de organismos internacionales. Lo acompañó Edmundo Lemún, padre del joven Alex Lemún, miembro de la Coordinadora Arauko-Malleko y quién fuera brutalmente asesinado por la policía uniformada chilena en diciembre del 2002, mientras participaba de una recuperación de tierras al interior de la comuna de Ercilla. Según señaló Huilkaman, la participación del padre del joven mártir fue consecuencia directa de la denegación de justicia que ha sufrido en Chile por parte de los tribunales civiles y militares encargados de investigar los hechos y sancionar a los responsables. “Edmundo Lemún asistió a la sesión de la Comisión de Derechos Humanos porque en Chile no ha encontrado justicia y los tribunales militares junto al gobierno se han esforzado para encubrir esta violación al derecho a la vida de su hijo Alex”, señaló.

La participación e intervención del padre de Alex Lemún en Ginebra fue gestionada por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (The International Work Group for Indigenous Affaire, IWGIA), organismo de derechos humanos con base en Copenhague y que posee estatus consultivo al interior del sistema de las Naciones Unidas. En Chile, numerosos delegados de diversas organizaciones e identidades territoriales mapuche suscribieron e hicieron pública una misiva en respaldo al viaje emprendido por el padre del joven mártir. “Lemún era un luchador de las nuevas generaciones que reclaman sus tierras y defendía el derecho a desarrollar nuestra cultura. Se rebeló contra la pobreza que provocan las empresas forestales que acorralan a las comunidades y contaminan sus tierras. Protestaba contra la marginación que el Estado ofrece a los jóvenes mapuche, obligados a emigrar, someterse y renegar de su historia. La bala de un policía terminó con su vida hace 15 meses y su muerte sigue en la impunidad”, señalaron en la carta.

Según precisaron fuentes del Consejo de Todas las Tierras, el viaje de ambos a Ginebra tuvo como propósito además “apoyar el informe (de Stavenhagen) y sus recomendaciones, considerando que el informe representa uno de los logros mas relevante del movimiento mapuche y en particular del Consejo de Todas las Tierras en cuanto haber llevado la temática mapuche al interior del Sistema Internacional de Naciones Unidas”. Según señaló el werken José Naín en un comunicado difundido en Chile, “el informe y sus recomendaciones es un llamado de atención y a la vez un exhorto a la retrograda clase política chilena, tanto de los partidos políticos de la concertación y de la derecha representada en la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, que se han negado a legislar a favor de nuestro pueblo”. A juicio del dirigente, son pocos los países del mundo que son sometidos a revisión por su política en materia de derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “A modo de ejemplo en Sur América, Colombia en este momento esta siendo revisado su política en derechos humanos y Chile por su política retrograda con relación a los Pueblos Indígenas y sus derechos. Sin embargo, tenemos la convicción que el informe en el marco del sistema internacional, constituye un paso fundamental en la lucha del Pueblo Mapuche por la restitución de las tierras y el territorio, la participación política indígena, la erradicación del racismo y la discriminación en los tribunales y el derecho a la libre determinación”, preciso.

Informe de Stavenhagen

El 60 Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos fue el marco elegido por el Relator de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, para dar a conocer su Informe que contiene un diagnóstico y recomendaciones sobre la situación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas tanto en Chile como en México. El informe, entregado oficialmente a la Comisión el pasado 08 de abril, fue acogido con satisfacción por las organizaciones mapuche y de diversos organismos de derechos humanos, ya que es tajante en la condena hacia la “criminalización” y “judicialización” que el Estado chileno ha ejecutado en contra de las reivindicaciones mapuche en los últimos cuatro años. Justamente, en una de sus principales recomendaciones del Relator señala que “bajo ninguna circunstancia deberán se criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas y no deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”.

En Chile, en tanto, diversos actores políticos y sociales mapuche manifestaron –a través de un comunicado público- su total adhesión al Informe de Stavenhagen. “Como miembros del pueblo mapuche y, representando a nuestras comunidades y organizaciones, manifestamos nuestro reconocimiento a la labor del Relator y apoyamos las recomendaciones de su Informe que buscan mejorar el desarrollo social, económico y la participación de nuestras comunidades. Esperamos que su informe ayude a mejorar la situación de derechos humanos en Chile y sea un aporte para erradicar la discriminación y racismo contra nuestro pueblo. Apoyamos particularmente sus recomendaciones en materia de administración de justicia y que exigen al gobierno terminar con la criminalización de nuestras demandas, respetar el derecho internacional, considerar una amnistía para los presos políticos mapuche y hacer justicia para el joven Alex Lemún. Como expresa el Relator, el derecho a la libre determinación es un derecho universal reconocido para todos los pueblos. Nuestro pueblo tiene el derecho a expresar y exigir sus derechos sobre la tierra y los recursos necesarios para el desarrollo de nuestra vida y cultura. El futuro del pueblo mapuche y el estado de Chile no está en el sometimiento de uno hacia el otro”, señalan –entre otros- los dirigentes Julio Chehuin, Andrés Reuca, Leonardo Calfuqueo, Domingo Raín, Adolfo Millabur, Jorge Hueque, Juan Painemal y Galvarino Raimán.

Asimismo, el Programa de Derechos Indígenas de la Universidad de La Frontera de Temuko, hizo llegar al relator un texto a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, entregando su respaldo a las recomendaciones estipuladas en el Informe. “Coincidimos con el Relator en que la responsabilidad fundamental en esta grave situación corresponde al Estado. Nos parece importante subrayar, sin embargo, que junto a la responsabilidad que en esta situación cabe al legislativo y al poder judicial, el ejecutivo es también responsable, de modo importante, de las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que el constata en su Informe. En efecto, el ejecutivo ha desarrollado una política contradictoria hacia los pueblos indígenas que claramente resulta cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Así, mientras ha dado impulso a una política sectorial que intenta promover el desarrollo indígena, ha respaldado o ejecutado directamente proyectos de inversión en áreas indígenas que no son consultados de un modo adecuado con sus comunidades y que los impactan adversamente”, señalan.

La Asociación Americana de Juristas, órgano no gubernamental con estatuto consultivo especial ante la ONU, también fue categórica en denunciar al Estado en su intervención realizada en el Palacio de Las Naciones, alertando sobre la utilización por parte de las autoridades de la Concertación de “medidas antidemocráticas” en contra de las comunidades movilizadas por sus derechos territoriales en la zona sur de Chile. “Es de lamentar que en los 14 años de gobiernos democráticos, sucesivos a la repudiada dictadura militar presidida por el General Pinochet, se haya retrocedido en el respeto de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Si bien es cierto, en 1993 se promulgó la Ley Indígena Nº 19,253, sus disposiciones fundamentales ya estaban anuladas por otros cuerpos legales existentes tales como el Código Minero, la Ley de Pesca y el Código del Agua, que se encuentran en un régimen completamente indepen-diente de la propiedad de la tierra y del uso productivo que pueda tener. La mayor parte de los recursos naturales de las áreas indígenas están concesionados a terceros, privando a las poblaciones originarias de sus derechos tradicionales de acceso al uso de los recursos naturales para su supervivencia. El parlamento chileno, integrado con senadores vitalicios, comprometidos y designados por la dictadura de Augusto Pinochet, se ha negado a aprobar reformas constitucionales en materias indígenas y a ratificar el Convenio 169 de la OIT, que reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios”, señaló el organismo a través de su delegado en Ginebra, el jurista Jaime Valdés.

“Esta situación ha sido acompañada por una desmesurada represión policial cuyo objetivo es el amedrentamiento, la perdida de identidad como pueblo y el despojo de los recursos económicos históricos. Empresas trasnacionales, forestales y latifundistas nacionales y extranjeros, en estrecha alianza y complicidad con el Estado chileno, han sido los promotores de esta situación. El allanamiento de viviendas y destrucción de las mismas; la violenta represión a sus actividades reivindicativas y culturales; la presencia constante de la policía civil y militarizada en sus comunidades; el sobrevuelo de helicópteros militares y amenazas a la población civil; la agresión física a hombres, mujeres y niños desarmados, incluso con armas de guerra, presenta un panorama similar al de los Territorios Ocupados de Palestina”, agregaron.

No escapó al análisis de esta asociación el hecho de que decenas de dirigentes se encuentran hoy encarcelados y condenados a largas penas de prisión, muchas de ellas decretadas a través de procesos fraudulentos, realizados por tribunales dependientes de la justicia militar y civil. Para esta asociación, “las protestas mapuche han sido reprimidas y han arrojado como resultado un sinnúmero de presos políticos y manifestantes heridos a bala por las fuerzas policiales”. Finalmente, terminan señalando que la “Comisión debería adoptar integralmente el Informe del Relator Especial y crear o establecer los mecanismos apropiados y necesarios para dar seguimiento a las recomendaciones del mismo. También debería exigir al gobierno chileno como mínimo e incondicionalmente, la libertad inmediata de todos los presos políticos mapuche, el inicio de procesos destinados al reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes y la ratificación del Convenio 169 de la OIT”.