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Chile - Solidaridad con los Presos Políticos - Enero 20044 |
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CHILE:
Las
organizaciones abajo firmantes manifestamos
nuestra honda preocupación por la reciente propuesta de derechos humanos
(agosto 2003) que, bajo el título de “no hay mañana sin ayer”, diera
a conocer al país el presidente de la República Ricardo Lagos. Nos
parece sintomático que los únicos sectores de la sociedad chilena que,
en aras de una supuesta “reconciliación”, se
pronunciaron en favor de dicha propuesta, hayan sido la derecha y
de las Fuerzas Armadas, precisamente los más comprometidos con las gravísimas
violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990.
En cambio, la rechazaron unánimemente todas las organizaciones de
derechos humanos – Sección Chilena de Amnistía Internacional, Codepu,
F asic, Odep - , así como los abogados de derechos humanos, diversas
Agrupaciones de familiares, ex-presos, torturados y, diversas
organizaciones políticas y comités
de chilenos en todo el mundo. Esta
propuesta es
una propuesta insustancial y ambigua, detrás de la cual existe una
expresa y peligrosa voluntad en favor de la impunidad,
que
se inscribe en la estrategia de reconciliación sin justicia de los
gobiernos que le precedieron, basada en el perdón y el olvido -constituye
un nuevo retroceso en materia de derechos humanos. Otros hitos en el
camino hacia la impunidad fueron el Informe Rettig - que si bien reconoció
la existencia de violaciones a los derechos humanos, igualó a víctim as
y victimarios y excluyó a los sobrevivientes del genocidio -, la mesa de
diálogo, que no avanzó en la búsqueda de los detenidos desaparecidos,
pero en cambio entregó una perversa interpretación del golpe de Estado
de 1973, al hacer recaer su responsabilidad sobre el conjunto de la
ciudadanía -, la tenacidad de los partidos de la Concertación para
evitar que Pinochet fuera enjuiciado en España y su posterior
sobreseimiento en los tribunales. Tres iniciativas parlamentarias de Punto
Final, la aprobación, al inicio de su gobierno, de la Ley del Secreto
Profesional, que amplió los márgenes de la impunidad, etcétera. Además,
a trece años del inicio de la “transición a la democracia”, están
vigentes en lo fundamental, el injusto modelo económico y la espuria
institucionalidad impuestos por la dictadura y administrados por los
gobiernos de la Concertación. Pese a la poderosa campaña mediática
internacional de su gobierno, que pretende ocultarlos tras las cifras
macroeconómicas y la firma de tratados comerciales con las grandes
potencias, especialmente con los Estados Unidos y la Unión Europea, para
nadie es un secreto la injusta distribución del ingreso - una de las
peores del mundo -, la explotación de la mano de obra infantil, la
pobreza y marginación de millones de chilenos que viven por debajo de la
línea de la pobreza, el crecimiento de la deuda externa, la
sobreexplotación de los trabajadores sometidos a la arbitri aridad
patronal amparada en el injusto código laboral, el saqueo de las riquezas
naturales y la contaminación del medio ambiente por los capitales
extranjeros, que nos hacen temer por el presente y el futuro de nuestro país. Por
otra parte, el modelo político-institucional vigente en Chile es un obstáculo
a la gestión democrática del Estado, impide la participación ciudadana
en materias que comprometen su calidad de vida y el futuro de su país y
constituye un lastre para avanzar hacia una verdadera democratización de
las instituciones y la vida pública. La vigencia de la Constitución
dictada por Pinochet, la existencia de organismos como el Tribunal
Constitucional y el Consejo de Defensa del Estado, el sistema electoral
binominal, los tribunales militares que procesan a civiles y mantienen en
prisión desde hace más de una década a 40 presos políticos, las leyes
represivas heredadas de la dictadura que se ciernen permanentemente sobre
los movimientos y líderes sociales chilenos y mapuche que promueven y
defienden sus legítimos derechos, ponen en evidencia la demagogia
concertacionista y sus falsas promesas de avance hacia una democracia
plena La
propuesta de derechos humanos, que pretende consolidar la impunidad para
los autores de los gravísimos crímenes cometidos por la dictadura
militar al amparo del terrorismo de Estado, constituye una afrenta no sólo
para quienes nos movilizamos en todo el mundo por el fin de la dictadura
militar sino también para la memoria de los miles de chilenos que
resistieron y dieron la vida en aras de este objetivo. En sus aspectos
centrales, la propuesta cubre todas las violaciones de los derechos
humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet, por cuanto plantea: -
inmunidad
penal
- con prescindencia de la
fecha en que ocurrieron los hechos, “otorgar
inmunidad penal a quienes, sin estar imputados ni procesados, se presenten
voluntariamente a los tribunales de justicia y proporcionen antecedentes
fidedignos, efectivos y comprobables acerca del paradero de la víctima o
de las circunstancias de su desaparición o muerte”.
Este párrafo, textual e íntegro de la propuesta, no es otra cosa que su
columna vertebral, el núcleo esencial en donde se expresa en toda su
magnitud la real voluntad y opción por la impunidad-que
es lo mismo que inmunidad..
-
aplicación de la Ley de Amnistía a todos los responsables de los
crímenes cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y abril de 1978,
decisión que queda en manos de los tribunales de Justicia. Al no
pronunciarse explícitamente sobre la amnistía, el ejecutivo desoye las
demandas del electorado que durante su campaña se pronunció claramente
sobre la necesidad de hacer justicia, deja en completo desamparo a la
sociedad y atenta contra la precaria estabilidad instituci onal existente
en Chile. La justicia ajustada al derecho y la jurisdicción internos, y
al respeto de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos
suscritos por Chile son requisitos fundamentales
para el ejercicio de una convivencia social sana y pacífica y el
Estado de derecho. Jamás sobre el perdón individual
y privado. -
indulto
presidencial
para los condenados por violación a los derechos humanos por crímenes
cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990, y
examen de “otras situaciones de
reos condenados por delitos de similar gravedad en períodos anteriores
-al 11 de marzo de 1990-, que soliciten el perdón presidencial, siempre
que hayan manifestado genuinamente su arrepentimiento, hayan estado
encarcelados por largo tiempo y hayan reconocido sus crímenes cooperando
con la verdad y los tribunales de justicia”. Justamente, ésta es la
situación de los poquísimos casos en que la justicia dictó condenas,
como el degollamiento de tres profesionales, los crímenes de Orlando
Letelier, Tucapel Jiménez, José Carrasco, etc. Para
nosotros y, ciertamente, para la gran mayoría de los chilenos -sin
posibilidad de expresar su desacuerdo, dado el férreo monopolio privado
sobre los medios de comunicación-, la exigencia de justicia es una
demanda irrenunciable, tanto desde el punto de vista ético, político y
jurídico. En lugar de atender el clamor que desde hace 30 años remece
las conciencias, la propuesta es un nuevo zarpazo a nuestras aspiraciones
de justicia y a nuestra esperanza de construir una convivencia basada en
el respeto a la vida, la igualdad ante la ley y la justicia social para
todos. Por
todo lo anteriormente expuesto, nos sumamos a las voces que en Chile y en
todo el mundo se pronuncian en favor de la justicia, contra la impunidad,
en favor del cambio de la Constitución de 1980 y del injusto modelo
capitalista, hoy en día aplicado en su versión neoliberal.
Con
la propuesta de “no hay mañana sin ayer”, se cierran las alamedas e
impiden el paso del hombre por el sendero de la justicia, de la paz y la
libertad y el ayer de la dictadura se funde con la impunidad Hay
que descorrer el velo de impunidad que cubre la propuesta ya que abre las
anchas alamedas de la impunidad. Sin verdad no hay justicia y sin justicia
no hay paz. Colectivo Rodriguista (Bélgica) Centro Cultural Chile ( Belgica ) Centro Cultural Subterra ( Belgica ) Coordinadora por la Libertad de los Presos Politicos ( Chile ) Anibal Gonzales Glezz ( Periodista - Belgica ) Nadin y Dinko Giadrosic ( Belgica ) Claudio Escobar Caceres - Brigada Nicolasita - Inti Simon ( Chile ) Radio nueva America ( Estocolmo - Suecia ) Asociacion de Cultura Informacion de Jarfalla ( Suecia ) Movimiento la Peña del Bronx ( New York - Bronx - USA ) Red Nacional Joaquin Murieta ( USA ) Ana Carrera - Asamblea permanente de Derechos Humanos - APDH ( Ecuador ) Pablo Ruiz y Arnaldo Perez Guerra Ex Presos Politicos , editores de www.libertad.ya.st ( Chile ) Fransisco
Henriquez , Director de la revista " Carta Lirica " de Miami ( USA
)
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solidaridadchile@yahoo.com |
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